Claudia Sheinbaum atenderá el caso del hotel Mayaland, Chichén Itzá

26 / 12 / 2024

El caso de despojo del hotel Mayaland Chichén Itzá a su legítimo propietario, Fernando Barbachano Herrero, será atendido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras ser expuesto en la conferencia de prensa “La Mañanera” por la situación actual de este conflicto que se analiza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano en la impartición de justicia.

Este jueves el caso fue presentado en La Mañanera para dar a conocer presuntos actos de corrupción, omisiones, ilegalidades y abuso de poder en que se encuentran involucrados el fiscal general de Yucatán, el ex gobernador, Mauricio Vila Dosal, actual senador de la República, la juez interina y suplente en el estado, Iliana Álvarez de la Cruz para favorecer en materia de justicia a Rodolfo Rosas Moya, en el despojo del hotel y quien incumplió un contrato de compraventa de ese hotel.

Ante la inactividad de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán, que se encuentra en desacato, al no cumplir la orden del juez federal de entregar el Mayaland a su legítimo dueño, el empresario Fernando Barbachano Herrero, a quien se le despojo por la fuerza con un grupo de 50 hombres armados comandados por Rosas Moya.

En la conferencia de prensa se planteó a la Presidenta Claudia Sheinbaum la omisión del Gobernador de atender el plebiscito constitucional; las denuncias por corrupción y la queja que actualmente se analiza en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Entre los detalles del caso presentado se puntualizó sobre sus impactos en la generación de empleos en las comunidades aledañas a Chichén Itzá, y en la captación de turistas de este hotel que tiene más de 100 años de historia y que ha recibido a presidentes de diferentes naciones, celebridades de fama mundial en el mundo del espectáculo y miembros de la realeza de diferentes nacionalidades.

Ante este planteamiento la mandataria de México afirmó que se revisará el asunto para que se aplique la Ley.

La política de la 4T se ha caracterizado por el combate a la corrupción; ahora que el asunto está bajo el radar de la Presidenta, se espera que desalojen a los allanadores y se finquen las responsabilidades penales correspondientes, incluidos los servidores públicos implicados.