Congreso capitalino emite Declaratoria de Vigencia y Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de la CDMX
03 / 07 / 2024
Se deberá armonizar la legislación local con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares antes de su implementación
En sesión solemne, Gabriela Salido Magos, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino emitió la Declaratoria de Vigencia y Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de la Ciudad de México, y detalla los plazos para su entrada en vigor.
Expuso que los plazos en que éste deberá entrar en vigor; en materia civil y familiar señaló que será del 1 de diciembre de 2024 al 15 de noviembre de 2025; y destaca que esta soberanía en coordinación con el Poder Judicial de la Ciudad de México deberá armonizar la legislación local con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, antes de que comience a aplicarse.
Además, asegura la legisladora panista que el Poder Judicial local contará con amplias facultades para llevar a cabo las acciones y medidas necesarias para la implementación del código, especialmente las relacionadas con los sistemas de justicia digital y oral, de conformidad con las asignaciones presupuestales aprobadas para ese fin, en sus respectivos presupuestos de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.
Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, expresa que este nuevo código significa un llamado histórico en la tradición jurídica nacional, que fortalece el vínculo de los poderes de la Unión.
Detalla que la impartición de justicia requiere la suma de esfuerzos y la ciudadanía puede confiar en que así será, ya que “la fortaleza de las personas juzgadoras y sus instituciones se fundamentan en sus ideales”.
Al dar su posicionamientos los legisladores respecto al tema, Víctor Hugo Lobo Román, de la Asociación Parlamentaria Democrática Progresista, resalta que las disposiciones del nuevo código representan un cambio significativo para el derecho mexicano, al unificar las reglas procesales establecidas para las 32 entidades federativas, y modernizan el sistema de justicia de procedimientos civiles y familiares, al incluir principios innovadores como el interés superior de la niñez y juzgar con perspectiva de género y equidad.
Carlos Joaquín Fernández Tinoco, diputado de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, recuerda que con esta declaratoria se pretende unificar los procedimientos judiciales bajo tres ejes que modifican criterios, simplifican trámites y brindan mayor transparencia, los cuales se traducen en beneficios a la población, por lo que al Congreso local le toca consolidar estos cambios.
Al referirse a la importancia de estos cambios históricos en el acceso a la justicia, Jorge Gaviño Ambriz, legislador de la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, manifiesta que con esta aprobación se ponen en marcha, de forma gradual, procesos donde se privilegia la oralidad y se aprovecha la tecnología para lograr juicios más expeditos, abiertos y accesibles, para una impartición cercana a las personas; y resalta que para su implementación se requiere capacitación y una importante labor legislativa.
En tanto, Xóchitl Bravo Espinosa, diputada de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, considera que este nuevo código impactará positivamente en la vida de la población de la capital y el país, al brindar seguridad jurídica a las entidades y contribuir a la cohesión social, estabilidad interinstitucional y desarrollo democrático de la sociedad.
El legislador de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, Javier Ramos Franco, menciona que la implementación de este código significa un gran avance para consolidar un sistema de justicia más robusto y cercano a la población.
A su vez, Circe Camacho Bastida, diputada del PT, precisa que con esta reforma se unifican los procedimientos judiciales en materia civil y familiar a nivel nacional, se priorizará la justicia oral, el reconocimiento de la vulnerabilidad de las partes, y el uso de la justicia digital y alternativa; para ello, el Congreso local deberá “dotar de los recursos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del Código Nacional, así como para hacer los ajustes normativos correspondientes”.
La legisladora del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, detalla que la declaratoria del código busca fortalecer, unificar y agilizar los procedimientos en materia civil y familiar, con el objetivo de otorgar mayor certeza para las personas que reclamen justicia.
Guadalupe Barrón Hernández, diputada del PRI, exalta que esta declaratoria impacta directamente en la vida de las personas, ya que las materias civiles y familiares están relacionadas con asuntos comunes y cotidianos, lo que da a la ciudadanía un potencial para proteger sus derechos y evitar hechos violentos.
El diputado del PAN, Federico Chávez Semerena, subraya que este nuevo marco legal ha sido un esfuerzo colectivo y colaborativo que refrenda el compromiso con la equidad y el desarrollo social, impulsando la eficiencia, simplicidad y transparencia en el acceso a la justicia, promoviendo medios alternativos de resolución de conflictos y una atención especial a grupos vulnerables, lo cual requiere una adaptación rápida de la ciudadanía y las personas que integran las instituciones.
Finalmente, José Octavio Rivero Villaseñor, legislador de Morena, afirma que la justicia debe ser el valor supremo de todas las sociedades y el fundamento de toda acción del Estado, y que la homologación legislativa del sistema jurídico y sus procedimientos permite “robustecer, unificar y agilizar el tema de impartición de justicia en todo el país, y poder brindar a las y los ciudadanos una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos de orden civil y familiar”.
