Congreso CDMX aprueba incremento de penas por delito de extorsión hasta 15 años de prisión

12 / 12 / 2024

Con el fin de combatir el delito de extorsión y cobro de piso en la capital el Congreso de la Ciudad de México aprobó con 59 votos favor, cero en contra y cero abstenciones, la iniciativa propuestas por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, y la diputada del PRI,Tania Nanette Larios Pérez, y se castigará con una pena de hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 3 mil Unidades de Medidas y Actualización (UMA).

En este sentido, se modificaron los artículos 148 quinquies y 163 bis del Código Penal para el Distrito Federal, para aumentar al doble las penas previstas para el delito de extorsión, en determinados casos, y castigar a quien requiera el pago de una deuda con actos de hostigamiento o intimidación, así como a quien cometa el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés.

Al fundamentar el dictamen, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, aseguró que “el aporte de todas y todos, tanto de alcaldes y diputados, permitirá hacer de la Ciudad de México, una entidad más segura, de derechos y merecedora de sus habitantes”.

Agregó que con este instrumento legislativo se está contribuyendo a dotar a las autoridades judiciales de herramientas para consolidar una política criminal más efectiva y protectora de los derechos humanos de la ciudadanía.

Ell legislador recordó que hace algunos días el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa destacando el delito de extorsión, con lo que se atiende el alto grado de lesividad e impacto social.

En el dictamen avalado se indica que de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 realizada por el INEGI, la alcaldía Cuauhtémoc es uno de los 50 territorios más afectados por la extorsión, registrando sólo entre 2022 y 2023, un aumento del 250 por ciento.

Mientras que investigaciones periodísticas señalan que las demarcaciones territoriales Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón son en las que se presenta, en mayor porcentaje, el delito de cobro de piso, lo que genera pérdidas económicas del 20 por ciento a los pequeños comerciantes.

Al expresarse a favor de la propuesta, la diputada del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, indicó que este dictamen es un paso para garantizar el acceso a la justicia de las familias que han sido víctimas del llamado cobro de piso y extorsión, prácticas que afectan la integridad, seguridad y tranquilidad de la sociedad.

Aseguró que mediante la incorporación de este tipo penal se optimizan los mecanismos de prevención, investigación y sanción.

Mientras, Elizabeth Mateos Hernández, legisldora de Morena informó que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 7 de cada 10 víctimas de extorsión no denuncian, lo que muestra la vulnerabilidad que enfrentan las personas y la importancia de tomar acción ante este delito.

La diputada de PVEM, Yolanda García Ortega, expresó que la incorporación de delitos de cobranza ilegítima y de extorsión, supone un reconocimiento de la gravedad de estas conductas y su impacto directo en la vida de las víctimas; aunque consideró oportuno mantener el inciso O) del artículo 148 quarter en el capítulo de extorsión, relativo al aumento de las penas al doble, cuando dicho delito se comete con el fin de obtener el pago de una deuda.

Xóchitl Bravo Espinosa, legisldora de Morena refirió que estas reformas pretenden resguardar el patrimonio de la ciudadanía y su integridad física, mediante la creación de una fiscalía especializada en extorsión, la implementación de una línea telefónica exclusiva para que la ciudadanía pueda denunciar este delito, y mediante al aumento de las sanciones consideradas en contra de los extorsionadores.

“La jefa de Gobierno Clara Brugada con esta propuesta de iniciativa busca tipificar la extorsión como delito grave e implica que los extorsionadores no puedan salir bajo fianza; además, el delito será perseguido por oficio, lo cual evitará que las víctimas sean intimidadas y, todo intento de extorsión será castigado como delito consumado.

La propuesta también permitirá impulsar el desarrollo económico de la capital”, destacó el diputado de Morena, Paulo Emilio García González.